Normativa de puntos de recarga 2026
El Real Decreto-ley 29/2021, que fijó el 1 de enero de 2023 como fecha límite, marcó un antes y un después al obligar a instalar puntos de carga para coches eléctricos en aparcamientos no residenciales, edificios públicos y estaciones de servicio. Consolidada ya esta normativa en pleno 2026, cumplir con estas ratios no solo es un imperativo legal sujeto a inspecciones, sino una necesidad estratégica para cualquier negocio ante el avance imparable de la electromovilidad en las carreteras españolas.
¿Quiénes están obligados a cumplir con la normativa?
Por un lado, todos los edificios no residenciales privados, como supermercados, centros comerciales, hoteles o restaurantes que cuenten con más de 20 plazas de aparcamiento deben disponer de al menos un cargador por cada 40 plazas o fracción hasta llegar a las 1.000 plazas, añadiendo una estación de recarga más por cada 100 adicionales. Por otro lado, la Administración Pública afronta una exigencia mayor como medida ejemplarizante: los edificios públicos deben instalar un cargador de vehículo eléctrico cada 20 plazas o fracción en aparcamientos de hasta 500 plazas, sumando un punto extra por cada 100 plazas adicionales a partir de esa cifra.
Además, de cara a las nuevas instalaciones y reformas, los propietarios deben tener muy en cuenta el reciente Real Decreto 164/2025. Esta normativa complementaria ha armonizado los estándares españoles con las exigencias europeas, introduciendo criterios de seguridad contra incendios mucho más rigurosos, lo que obliga en muchos casos a la sectorización de las zonas de carga y al uso de barreras cortafuegos específicas en los garajes comerciales o de flotas para evitar riesgos térmicos.
Esta regulación, lejos de ser solo punitiva, sigue ofreciendo interesantes beneficios fiscales a nivel local para amortiguar la inversión. Los obligados a acatarla pueden acceder a bonificaciones de hasta el 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), junto con exenciones de hasta el 90% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) dependiendo de cada ayuntamiento, lo que acelera el retorno de la inversión.
A día de hoy, las cifras demuestran que la transición está en marcha, aunque persisten desafíos para alcanzar el ambicioso objetivo nacional de superar los 330.000 puntos en 2030. Según los últimos barómetros de ANFAC, España cuenta ya con más de 72.000 puntos de recarga instalados, de los cuales cerca de 55.000 están plenamente operativos y dando servicio público (un sólido crecimiento impulsado por la instalación masiva de cargadores ultrarrápidos de más de 250 kW en corredores principales). El gran reto actual sigue siendo reducir la brecha burocrática, ya que aproximadamente el 24% de los cargadores instalados en el país se encuentran inactivos a la espera de trámites de activación por parte de las distribuidoras. Pese a este cuello de botella administrativo, la red de recarga española avanza con paso firme hacia una infraestructura real, rápida y conectada.
Ante este panorama, donde las exigencias normativas son cada vez más estrictas y los plazos administrativos con las distribuidoras representan un verdadero cuello de botella, contar con un socio técnico experto es la mejor garantía para evitar sanciones y optimizar la inversión. En Jovitel nos encargamos de todo el proceso llave en mano: desde el diseño del proyecto y la adecuación a las nuevas medidas de seguridad contra incendios del RD 164/2025, hasta la legalización final. Si tu empresa, parking o institución pública necesita ponerse al día con la normativa vigente de forma rápida y sin sorpresas, te ayudamos con la Instalación de cargadores eléctricos idónea para tu negocio. ¡Contacta con nosotros y asegura una transición hacia la movilidad sostenible con total tranquilidad!